El Derecho Y Las Tecnologías de la Información

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Aunque el presente artículo no está relacionado con tecnologías de la información, es una noticia que en lo particular, y como mexicano, me da mucho gusto.

Un poco de antecedentes para entenderlo:

El cuatro de mayo de dos mil uno, México firmó ad referéndum la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

«El Gobierno Mexicano al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, formula reserva expresa a su Artículo IX.

Pero, ¿a qué se refiere dicho artículo IX?

«Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares.»

En conclusión, que si un militar participa en la comisión del mencionado delito, no puede alegar que fue en el ejercicio de sus funciones, ni mucho menos acogerse al fuero militar, sino que deberá ser juzgado por tribunales del fuero común, como cualquier otro ciudadano.

Pero, como ya se comentó más arriba, el gobierno mexicano formuló una reserva a dicho artículo, alegando que era contrario a la Constitución Mexicana. Dicha reserva a la letra decía:

«El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, formula reserva expresa a artículo IX, toda vez que la Constitución política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.»

¿Qué significa esto? Pues, en pocas palabras, que el gobierno mexicano entendía que la Constitución autorizaba a los militares a cometer ilícitos en el ejercicio de sus funciones, entendiéndose como protegidos por el fuero militar, y, por desgracia, muchas veces quedando impunes por ellos.

Sin embargo, en años recientes México fue vergonzosamente condenado en a lo menos 6 sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por asuntos en los cuales estaban implicados militares en desapariciones forzadas, destacando entre ellas la del tan mencionado caso de Rosendo Radilla Pacheco.

Dichas resoluciones dieron origen a grandes cambios en el sistema mexicano, tales como la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011, y la aprobación (polémica) del denominado Control Difuso de Constitucionalidad.

En la mencionada resolución del caso Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que: «establecer la competencia del fuero de guerra en casos de desaparición forzada, aun cuando el delito sea cometido por un militar en servicio, es atentar contra el principio del juez natural.»

Por todo lo anterior es que el pasado mes de octubre de 2013, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto sometió a consideración de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión la decisión de retirar la reserva en mención.

Y es motivo del presente, que el pasado día 4 de Febrero de 2014, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, aprobó retirar dicha reserva. El dictamen, avalado por 93 votos, establece que el retiro de la reserva es acorde a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco.

Vaya un reconocimiento a este gran paso que ha dado el Gobierno Mexicano, ratificando así el compromiso de establecer un sistema armónico con los Derechos Humanos, que la verdad ya era hora.